México

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Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)

Lucha contra la violencia en línea hacia las mujeres en México

Introducción

“Amor, ¿en qué archivo pusimos eso? ¿”Gente loca”? ¿O “Amenazas”?”

“No, recuerda que 'Gente loca' es para las personas con las que se puede razonar. ¿Recuerdas aquella mujer religiosa que dijo que nos íbamos a quemar en el infierno por andar convertiendo gente? Luzma se hizo amiga de esa loca, le dio su nombre y de donde era, y dejó de molestar. Tiene que estar en 'Amenazas''”.

Luzma y Louisa[1], periodista la primera y terapeuta la segunda, están juntas desde hace casi una década. Ambas son muy conocidas en su comunidad y más allá por su activismo en pos de los derechos de las mujeres y juntas lograron que policías corruptos salieran de sus puestos, defendieron a mujeres víctimas de violencia, organizaron grupos de apoyo para lesbianas e incluso ayudaron a fundar un equipo de soccer sólo de mujeres en el estado donde viven, en el centro de México. 

La terapeuta, tal vez más aventurera en términos tecnológicos que su compañera, empezó a promover tanto su organización activista, como sus servicios terapéuticos en sitios web públicos:

“Quería que todo el mundo supiera que había apoyo para las lesbianas. Puse anuncios sobre mis servicios de terapia individual y grupal en todos los sitios que pude. En ese momento, yo de inocente, ponía la dirección completa, donde estábamos, teléfonos, todo. No tenía idea de las consecuencias. ¿Pensé: De qué otra manera podrían encontrarme las personas?” 

El consultorio de Louisa es también en su casa y ella daba todos sus números de teléfono, así como su dirección física, para que las personas que querían hacer terapia pudieran llegar. Empezaron a llegar mensajes de texto y correo electrónico amenazadores, junto con llamadas telefónicas constantes “queriendo que les mandáramos lesbianas” y “cuando era la orgifiesta”. Louisa y Luzma crearon un sistema de archivo para los diferentes tipos de email, incluyendo una carpeta de “gente loca”, con la que ellas trataban de dialogar e incluso llegaron a convencer a algunos acosadores anónimos de que el lesbianismo no tiene nada que ver con "pervertir” o “corromper niñas”.  Otra carpeta se llama simplemente “amenazas”:

“Recibimos un montón de comentarios religiosos muy fuertes. Pero aquel mensaje...Yo me puse verde, azul morada, cerré toda las puertas, no quería salir ni a la esquina. Y abajo de las cobijas a ver a que horas nos van a matar. Fuimos a ministerio público. Nos dijeron que no era ningún delito, que no está tipificado en el Estado de --- que te digan que te van a matar, quemar y violar a través de correo electrónico. Y como no era delito, no iban a alzar la acta y mucho menos hacer una investigación”.

Of course we went to the public prosecutor's office to file a complaint. They told us it wasn't a crime, there was nothing that says that sending an email warning they were coming to rape you and burn down your house with you in it is against the law. And since it wasn't a crime, they weren't going to register the complaint, much less begin an investigation." 

En México es necesario presentar una denuncia policial para que la unidad federal que se ocupa de ciberdelitos inicie una investigación: 

“Dijeron que la ciudadanía debería de entender que el MP persigue delito, no sospechas de delito ni amenazas de delito. Amenazar no es delito y si no ha pasado pues no tienen que investigar”. Luzma explicó: “Mi preocupación es que yo me iba todo el día a trabajar. Louisa da consulta en casa, y está acá. Y el correo tenia ubicada donde estábamos y que corrompíamos las mujeres y nos iban a quemar... y que sabían nuestras horas".

“El tipo mandó mensajes diciendo 'sé que haces tus reunioncitas de lesbianas'. Un día que estábamos haciendo un asado, me llegó uno que decía 'Sé que estás haciendo tu pinche asadito y tengo foto de todas las que están allí'. ¿A mi qué me importa que mi foto sea pública? Pero algunas de mis pacientes no querían hacer pública su identidad sexual”, agrega Louisa.

Después Luzma, “que nunca acepta un no por respuesta”, tuvo la brillante idea de ir a  CONAPRED, el Consejo nacional para la prevención de la discriminación, dice Louisa con orgullo: 

“Tuvimos respuesta inmediata y contactaron directamente a la policía y la oficina de derechos humanos. Hicieron todo por impreso y lo mandaron vía Estafeta. Giraron oficio a la policía estatal para que nos dieron auxilio y protección al momento que quisiéramos.  Les ordenó que tenían que alzar el acta y llevar acabo la investigación – las cartas decían 'debería tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestra integridad física y sicológica'.  Luego luego el comandante de policía nos llamó 'Oiga cuando viene a hacer su denuncia'. Vinieron a la casa cuando no pudimos ir.  Entendemos que contactaron a la persona y le advirtieron que estaba cometiendo un delito y si volvían a recibir algo sobre esta computadora se iba a proceder legalmente. Y no volvimos a saber nada”.

Dos años más tarde, cuando se encontraron ante las mismas amenazas por la investigación que hizo Luzma sobre un funcionario de una ciudad cercana, Luzma no tuvo apoyo de la policía local, ni de CONAPRED, ya que todos alegaron que la situación no se encontraba entre sus áreas de competencia [2]. Esta vez, no sólo estaban Luzma y Louisa en peligro, sino que la hija menor de Luzma recibía amenazas de violación por mensajes de texto. Al no encontrar ninguna respuesta oficial, organizaron una manifestación que tuvo cobertura en los medios y en la que insistían en que su seguridad estaba en riesgo y si algo les sucedía, la autoridad municipal en cuestión sería la responsable. No hubo más amenazas.

Las dos han recibido muchas otras amenazas en todo tipo de formatos electrónicos. Si bien siguen siendo apasionadas activistas, terminaron cerrando la oficina de la organización que tenían en su casa e incluso desarmaron el equipo de fútbol, en parte debido a estos constantes ataques. La dirección de su casa y la información de contacto personal son tema de registro permanente en internet. 

La experiencia de Louisa y Luzma se parece a la de muchas otras activistas, periodistas y mujeres que han experimentado violencia a través de la tecnología en México: amenazas, discurso del odio, “sextorción”, vigilancia por parte de compañeros íntimos, ciberacoso, divulgación de imágenes e información privadas  – en algunos casos, llegando incluso a la pérdida de un trabajo como consecuencia [3]. No está claro cómo se debe denunciar  el problema. Cuando las mujeres llevan el asunto a la policía, suelen no llegar siquiera a la etapa de presentar la denuncia porque los policías locales no entienden que las amenazas, la extorsión y el acoso en línea estén contemplados en el código civil o penal que se ocupa de tales delitos en la vida fuera de internet [4].

La policía tiene incluso menos idea de cómo aplicar la tan aclamada ley federal [5] que establece el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y suelen desdeñar ese tipo de violencia por su propio sesgo de género. Innumerables mujeres han escuchado que mientras no pase nada “de verdad”, no hay nada que hacer. Muy pocos reconocen la violencia en línea como parte de una continuidad de la violencia generalizada hacia las mujeres. De todas maneras, muchas mujeres ni se molestan en ir a la policía debido a la mala fama de México [6] en cuanto a su actitud respecto de la violencia hacia las mujeres, o porque ellas mismas no identifican esos actos como “delitos” – aunque en muchos casos, están aterrorizadas por el acoso y las amenazas en línea. Otras no lo hacen por la vergüenza que les da haber sido tan ingenuas, o porque lo que está en riesgo son fotos o información íntima – cosas que nunca quisieran que estuviera al alcance de la policía o cualquier otra persona. La importancia de lograr el acceso a la justicia para terminar con la violencia hacia las mujeres es evidente en los comentarios de Louisa:

“Me aterrorice, pero fue mucho el aprendizaje. Sentí muchisísimo alivio que CONAPRED nos hiciera caso. De verdad pensé que nos iban a matar y que nadie iba a saber”.

Los legisladores y legisladoras admiten que existe un problema con la violencia en línea. El foco de inquietud está en la pornografía infantil, el ciberacoso y el tráfico de mujeres y niñas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que México ocupa el segundo puesto entre los “exportadores” de víctimas de la trata de personas a Estados Unidos, luego de Tailandia [7]. Falsas promesas de trabajo como modelos, camareras, o niñeras – o simplemente, la ilusión de encontrar el “verdadero” amor – llevan a mujeres jóvenes y adultas a encontrarse personalmente con traficantes a pocos días de haberse conocido en línea [8]. Para las redes del crimen organizado, la pornografía infantil y la trata de personas para la explotación sexual son la segunda fuente más importante de beneficios – la primera es el tráfico de drogas –, muy por encima de los réditos del comercio ilegal de armas. Un representante de la Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas estimó que en 2010 hubo al menos 20.000 niños y niñas víctimas de explotación comercial y sexual en México [9]. México es uno de los principales productores y consumidores de pornografía infantil a nivel mundial – ocupa el primer o segundo lugar como productor, según la fuente que se cite [10].

Sin embargo, las soluciones legislativas son proteccionistas y generan leyes que violan directamente los acuerdos sobre derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y los derechos humanos de niños y niñas. Antonio Martínez Velázquez, funcionario de la oficina del Artículo 19 de Comunicaciones y contenidos digitales, etiquetó de moralista a dicha legislación: “Todo debe encajar en las categorías de bueno y malo, y lo que no es bueno, debe ser malo.” El discurso permitido queda apretado dentro de los límites de lo que se considera “políticamente correcto”.  

El reciente veto a la propuesta de ciberbullying del Estado de Nuevo León es un ejemplo excelente de ese tipo de legislación emergente sobre internet, ya que la vaguedad de su formulación no sólo defiende la censura, sino que también castiga el discurso y hace responsables a los proveedores de servicios de internet, además de proponer sentencias con cárcel para quiénes participen en actividades “ofensivas” por medios electrónicos  – actividades que nunca se definirán claramente, lo que hace que la interpretación y aplicación de la ley sean enteramente subjetivas. “Implicaba tener menos discurso para garantizar una comprensión vaga y subjetiva de lo que podría ofender a un individuo”, señala Velázquez, que planteó inquietudes similares respecto de la decisión de la Suprema corte de que palabras como “maricón” y “puñal” (ambos términos despectivos para referirse a hombres homosexuales en México) pasaran a ser ilegales por tratarse de discurso del odio [11]. 

Luzma es periodista en uno de los países más peligrosos del mundo para practicar esa profesión: más de 75 periodistas fueron asesinados en México entre 2000 y agosto de 2013 [12]. Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), la agencia de noticias con perspectiva de género, ha documentado 115 casos de agresiones específicas contra mujeres periodistas. CIMAC constata un aumento alarmante de esos casos en los últimos tres años y analiza las diferentes formas de violencia que enfrentan las periodistas – empezando por la difamación y la violencia sexualizada, e incluyendo 13 casos de feminicidio. También se usan tácticas similares contra las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, como bien saben Luzma y Louisa. La Relatora especial sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos señala en su informe 2011 que los y las activistas y defensores/as de los derechos humanos que se dedican a los derechos de las mujeres o a cuestiones de género en las Américas parecen ser los más expuestos  a asesinatos e intentos de asesinato, sobre todo en Colombia, México, Guatemala y Honduras [13]. A pesar de las recomendaciones internacionales, México aún no cuenta con una base de datos oficial, desglosada por sexo, ni nada que tome en cuenta estas amenazas específicas que se ciernen sobre las defensoras de los derechos de las mujeres y las mujeres periodistas [14]. 

En el clima general de incremento de la violencia que se vive en México y dada la urgencia de enfrentar el delito y crimen organizados, hay presiones para desdeñar y normalizar aún más la violencia hacia las mujeres – más aún, en casos de violencia relacionada con la tecnología. De la misma manera, se contrapesa el hecho de limitar la movilidad, la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, con la militarización y la vigilancia con el fin de garantizar la seguridad pública. El necesario ejercicio de aprobación y debido proceso de la ley corre riesgo de caer en el olvido. 

Si bien la experiencia de Luzma y Louisa fue una prueba de fuego, de allí surgieron prácticas importantes:  

  • Documentaron e hicieron copias de respaldo de las amenazas, al menos las que fueron por correo electrónico.
  • Informaron del problema a las autoridades – a la policía, las entidades de derechos humanos y también los proveedores de servicios – de haber recibido amenazas y solicitaron que se actuara en base a las condiciones de servicio de dichos proveedores. 
  • Cuando una autoridad no respondió, fueron a otra. Insistieron en hacer que el sistema funcionara, a pesar de sus puntos débiles. 
  • Al no tener respuesta de ninguga autoridad, en el segundo caso, fueron a los medios y a internet a hacer público el asunto. 
  • También aplicaron uno de los principios básicos de la libertad de expresión: luchar contra palabras ofensivas no con censura, sino con más palabras – y, al menos en uno de los casos, convencieron a los conservadores religiosos de cambiar su opinión sobre el lesbianismo. 

Por último, tratan de aprender todo lo que pueden sobre seguridad en línea y de compartirlo. Nos conocimos en un taller sobre violencia relacionada con la tecnología, donde descubrieron que el suyo no era un caso aislado. 

“Aprendimos mucho de esa primera experiencia. Me volví más consciente sobre la seguridad en línea y empecé a ver la idea de la publicidad de manera diferente. Pero, sobre todo, aprendí que siempre hay una puertecita que se puede abrir. Nunca dejes de tocar puertas. Si la autoridad no hace nada, haz algo tú. No hubiera podido hacer esto sin las bases feministas. Una de las cosas que me dio el feminismo es que tú puedes modificar el mundo, no es exclusivo de los hombres o de personas extraordinarias. Es por eso, que pienso, yo puedo modificar internet. ¿Qué hay en internet? Porquerías, así que metemos nuestras propias “porquerías” – meto mis ideas en todos lados, revistas en línea, Facebook, blogs, afiches.  Escribimos. Yo por lo menos intento escribir todo lo que puedo en todos los temas – lesbianismo, diversidad – no un letrero sino toda una reflexión...pero es una visión diferente del mundo”.


[1]   Se cambiaron los nombres y lugares para proteger la privacidad de las entrevistadas.

[2]   Esta capacidad de determinación no es sorprendente – es importante señalar que CONAPRED realiza recomendaciones y es un mecanismo voluntario, no una unidad policial que se dedica al discurso del odio y la discriminación. 

[3]   Mapa de México que documenta la violencia hacia las mujeres a través de la tecnología:mx.dominemoslatecnologia.net

[4]  De hecho, en junio de 2012, durante la vigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos, México firmó una resolución conjunta que afirmaba que los mismos derechos humanos que rigen fuera de internet deben estar protegidos en la red, en especial el derecho a la libertad de expresión. Ver la resolución conjunta: www.apc.org/en/pubs/joint-submission-internet-related-human-rights-iss-0

[5]   Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

[6]  Como se establece en el párrafo 18C de las "Obervaciones finales" para México de la 52ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, julio de 2012.

[8]  En una conversación extraoficial ocurrida en un foro en Cuernavaca, México, en octubre de 2012, un representante de la ciberpolicía de Ciudad de México afirmó que hoy, a un traficante le lleva cuatro días en línea convencer a su objetivo de encontrarse en persona. En  2010, los expertos y expertas especulaban que podía tardar dos semanas (www.genderit.org/sites/default/upload/mexico_ctryrpt_es_tics_violencia.pdf

[10] En 2013, nuevas fuentes informaron que, según la Red Internacional por el Fin de la Prostitución Infantil y Tráfico de Niños con Fines Sexuales, México ocupaba el primer puesto en producción de pornografía infantil (www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2919357.htm). Sin embargo, un informe de ECPAT International presentado en 2009 situaba a México en el segundo puesto, estadística que se siguió citando en noviembre de 2012. Ambas estadísticas son alarmantes.

[12] Artículo 19, mapa de periodistas asesinados/as en México: secure.flickr.com/photos/77679119@N02/9352532083/sizes/k/in/photostream

[13] consorciooaxaca.org.mx/wp-content/uploads/2013/03/PronunciamientoDefensorasMesoCSW-FINAL-2.pdf

[14] 132.247.1.49/PAPIME306511/pdfs/Anex2_ObservcsfinalesCocedaw.pdf

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