Panorama Institucional

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Introducción

El acceso a la información y el conocimiento es un area de la gobernanza que involucra a un amplio abanico de interesados en diferentes niveles. Como se verá en algunos informes temáticos de este volumen, esto se deriva de la diversidad de temas que subsume, entre los que se encuentran los derechos de propiedad intellectual, el acceso a la información pública, la fuente abierta, derechos de comunicación en su sentido más amplio, como la libertad de expresión, y los problemas que hay en torno de la propiedad y la participación en los medios.

En los últimos seis años, se empezaron a desarrollar nuevos vínculos entre esas áreas temáticas diversas y los actores que las habitan, que en general se encuentran bajo el paraguas del creciente movimiento de la sociedad civil que trabaja por el acceso al conocimiento. Docentes, científicos/as, periodistas y “haktivistas” se encuentran entre quienes han encontrado una comunidad de intereses en el creciente acceso público a la información y el conocimiento – al igual que otros actores muy diversos, en la penumbra del movimiento de acceso al conocimiento, como los/as agricultores/as interesados en el derecho a las semillas, los y las activistas de los derechos indígenas interesados/as en la biopiratería, y los/as médicos/as y trabajadores de ayuda humanitaria que se interesan por el acceso a los medicamentos.

Uno de los catalizadores de este frente cooperativa fue la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI), que en 2003 y 2005 reunió actores de la sociedad civil y el sector privado para observar (y, hasta cierto punto, influir sobre) el desarrollo de un acuerdo intergubernamental sobre los principios y acciones que hacen falta para construir una sociedad de la información inclusiva.

La forma en que se trataron los temas del acceso a la información y el conocimiento en los documentos resultantes de la CMSI fue como uno de las 11 líneas de acción principales del Plan de Acción de Ginebra, en el que se declaró en 2003 que “las TIC [tecnologías de la información y la comunicación] permiten que las personas accedan a la información y al conocimiento casi instantáneamente, en cualquier parte del mundo. Los individuos, las organizaciones y las comunidades deben gozar los beneficios del acceso al conocimiento y la información.”[1]

La fuerza y la especificidad de las recomendaciones que se derivan de este principio se diluyeron en muchos aspectos por el imperativo de llegar a un acuerdo mediante consenso intergubernamental. Por ejemplo, mientras un texto anterior de negociación elogiaba los beneficios del software libre para promover el acceso a la información, las objeciones planteadas por Estados Unidos y la Unión Europea hicieron que esa referencia se eliminara del texto de Ginebra para favorecer una directiva de promover una variedad de modelos de software, incluyendo el propietario.

Frustrada por las limitaciones de los documentos oficiales resultantes de la CMSI, la sociedad civil produjo su propio documento alternativo de la cumbre, con recomendaciones aún más fuertes de promover el acceso a la información y el conocimiento.[2]Desde entonces, las coaliciones de la sociedad civil y el sector privado hicieron más declaraciones y redactaron otros textos sobre acceso al conocimiento. La lista incluye a la Declaración de Ginebra sobre el futuro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),[3] la Carta de Adelphi sobre la creatividad, la innovación y la propiedad intelectual,[4] un borrador de Acuerdo sobre acceso al conocimiento,[5]el Acuerdo de París (entre consumidores y las comunidades creativas e inventivas)[6] y la Declaración de Munich sobre las limitaciones y excepciones al copyright.[7]

Aunque no hay espacio aquí para describer directamente el contenido de esos documentos e iniciativas, se tendrán en cuenta varias instituciones responsables de su implementación, con el foco puesto en las actividades que han llevado a cabo esas instituciones durante el año 2008-2009. 
Este análisis, por parte, analiza las siguientes áreas temáticas:

  1. Derechos de propiedad intelectual, dominio público y normas abiertas
  2. Medios públicos democráticos y acceso a la información del gobierno
  3. Derechos civiles en línea.8
Derechos de propiedad intelectual, dominio público y normas abiertas

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una organización intergubernamental, administra las principales convenciones sobre propiedad intelectual, que incluyen la Convención de Berna sobre Derecho de Autor, el Convenio de París para la Propiedad industrial, las marcas y los diseños registrados, y la Convención de Roma sobre Derecho de Autor y otros derechos relacionados. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), que entraron en vigor en 2002, amplían estos instrumentos iniciales a la luz de las nuevas tecnologías, incluso internet.

Desde 1995, la otra gran organización intergubernamental involucrada en el sistema global de la propiedad intelectual ha sido la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) incorpora, en general, los contenidos esenciales de las convenciones administradas por OMPI, pero con la importante diferencia de considerar que el incumplimiento de los acuerdos constituye un obstáculo para el comercio y habilita a la OMC a imponer sanciones a los miembros infractores. También prevé la solución de disputas entre países a través de la OMC.

Durante esta década, tanto OMPI como la OMC se convirtieron en espacios de desarrollo de un movimiento de resistencia contra la expansión de las leyes de propiedad intelectual y las prácticas para efectuar su cumplimiento que, junto con la posición asumida en la CMSI, terminaron en el movimiento actual de acceso al conocimiento. Un punto fuerte del proceso fue la adopción de una “Agenda del desarrollo” por parte de OMPI, en septiembre de 2007, como respuesta a una propuesta realizada originalmente por Argentina y Brasil en 2004.[8] Los grupos de la sociedad civil se unieron rápidamente en torno de esta propuesta y elaboraron su propio borrador de Declaración de Ginebra sobre el futuro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ese año, al que luego le siguió el proyecto de Tratado de acceso al conocimiento en 2005 y la participación en la primera conferencia internacional sobre Acceso al conocimiento en la Universidad de Yale, en 2006.

La Agenda de Desarrollo misma contiene 45 recomendaciones agrupadas en seis categorías que incluyen la promoción de una cultura de propiedad intelectual orientada al desarrollo, la preservación del dominio público y el intercambio de experiencias sobre proyectos abiertos y colaborativos. Hasta ahora se realizaron tres reuniones del Comité sobre desarrollo y propiedad intelectual de la OMPI y en la última, en abril y mayo de 2009, la Secretaría de la OMPI presentó un informe de progreso sobre los pasos dados para la implementación de 19 de las recomendaciones.[9]

El resultado más significativo de la Agenda de desarrollo de OMPI hasta ahora ha sido el diálogo sobre nuevas limitaciones y excepciones mínimas de copyright por parte de su Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR). La suma de esta iniciativa a la agenda del comité estuvo a cargo de Chile, Brasil, Uruguay y Nicaragua en 2008, en base a una propuesta anterior de Chile. Las limitaciones y excepciones que estudiaría el SCCR incluye las que se aplican a la educación, bibliotecas, archivos, servicios innovadores y personas con discapacidades. La primera propuesta concreta en esta área es un Acuerdo para ciegos/as, personas con discapacidad visual y otras personas con discapacitación para la lectura, presentada por Brasil, Ecuador y Paraguay en mayo de 2009. [10]

Otro actor transnacional importante en este tema es Google, que en octubre de 2008 llegó a un acuerdo de 125 millones de dólares con los editores en relación al servicio de búsqueda de libros que ofrece Google, para lo cual se unió a las bibliotecas con el fin de escanear millones de libros para crear un índice de textos completos.[11] La aprobación final de este acuerdo estaba prevista para octubre de 2009, pero depende de la resolución de las objeciones presentadas por ciertos grupos, entre los cuales se encuentra el Consumer Watchdog, de Estados Unidos, que sostienen que los términos del acuerdo favorecen a Google frente a otros intermediarios de la información en su acceso a los libros digitalizados.

Tampoco hay que subestimar la transición, en junio de 2009, de la mayor enciclopedia del mundo, Wikipedia, a un modelo de licencias dobles. Esto se pudo hacer gracias al acuerdo de la Fundación de Software Libre para incluir una cláusula diseñada con este próposito en la versión 1.3 de la Licencia de documentación libre de GNU, bajo la que se había protegido Wikipedia inicialmente. Como consecuencia, todos los contenidos que se escribieron antes para Wikipedia y todos los artículos que se escriban en el futuro serán protegidos por la licencia de Creative Commons Atribución-Compartir por igual, qe es más flexible. Esto permitirá compartir más fácilmente los contenidos de Wikipedia con cualquier otra publicación que utilice la misma licencia de Creative Commons.

Por último, hay que hacer una rápida mención a la norma abierta que tiene un impacto sobre el acceso al conocimiento y la información. Un evento notable de este año en la guerra de normas competitivas para los documentos, es decir, entre el formato OpenDocument (ISO 26300:2006) y el Office Open XML (ISO/IEC 29500:2008), patrocinado por Microsoft, fue la inclusión de esta compañía de un filtro para OpenDocument Format (ODF) en el Paquete de servicios 2 de Microsoft Office 2007. Sin embargo, este filtro que cumple mayoritariamente con la norma ODF, no es totalmente interoperativo con otras implementaciones de dicha norma – en parte debido a las limitaciones de la especificación ODF.[12] La versión 1.2 de ODF que se pondrá en circulación dentro de un año, debería superar estos obstáculos.

Medios públicos democráticos y acceso a la información del gobierno

El acceso a la información y el conocimiento depende de la existencia de una esfera pública democrática, donde pueda haber diálogo y debate. Esto, a su vez, depende de la existencia de medios públicos libres y pluralistas, así como del acceso a la información pública básica, como las leyes y los debates parlamentarios. Hablaremos de esto brevemente.

Históricamente, una de las instituciones internacionales más importantes en cuanto a la promoción de la diversidad de medios ha sido la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). UNESCO es conocida por su informe MacBride de 1980,[13] que apuntó a establecer lo que se conoció como New World Information and Communications Order (Orden de información y comunicación para un nuevo mundo - NWICO) que brindaría una cobertura más equilibrada de los medios masivos de comunicación para el mundo en desarrollo. Este informe se consideró una defensa de la interferencia con la libertad de prensa por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, que se retiraron provisionalmente de UNESCO en señal de protesta – golpe del que la organización aún se está recuperando.

Sin embargo, “comunicación e información” es hoy uno de los cinco principales programas de UNESCO[14] y el Programa internacional para el desarrollo de la comunicación es uno de los resultados perdurables del informe MacBride.

Otro programa de UNESCO que tiene mayor relevancia para este capítulo es el Proyecto Información para Todos y Todas (IFAP), creado en 2000 con el objetivo de promover el acceso a la información a través de las TIC. La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de la Biblioteca (IFLA) y su miembro Electronic Information for Libraries (Información electrónica para las bibliotecas - eIFL) son parte de las instituciones internacionales que promueven esta visión.

Otra de las recomendaciones de la CMSI sobre el acceso a la información y el conocimiento fue que los gobiernos debían “brindar un acceso adecuado a la información pública oficial a través de diversos recursos de comunicación, sobre todo internet”. El desarrollo más importante en esta area, últimamente, fue que 12 de los 47 miembros del Consejo de Europa firmaron la Convención sobre el acceso a los documentos oficiales, en junio de 2009, que por primera vez estableció un punto de referencia intergubernamental para el acceso a los documentos oficiales a cargo de autoridades públicas.[15]

Derechos civiles en línea

El Consejo de Europa resolvió por sup arte, en mayo de 2009, que el acceso a internet es un derecho fundamental y que “los derechos fundamentales, así como las normas y valores del Consejo de Europa se aplican a los servicios de información y comunicación en línea, igual que ocurre en el mundo no virtual”[16]. También se expresaron inquietudes en la resolución acerca del alcance de la legislación antiterrorimo que restringe la libertad de expresión. Se trata de mensajes que el Consejo ha repetido en otros foros, como el Foro de Gobernanza de Internet (FGI).

El FGI, un organismo multisectorial y abierto, creado por la ONU en 2006 como uno de los resultados de la CMSI, brinda el espacio para dialogar y debatir sobre cuestiones políticas de internet, con el objetivo de que dichos debates (y, cuando es adecuado, las recomendaciones) llamen la atención de las instituciones internacionales capacitadas para llevar adelante alguna acción.

Si bien el FGI ha sido lento en el desarrollo de modalidades concretas en pos del cumplimiento de este mandato, un mecanismo experimental que ha tratado de utilizar con este fin ha sido la creación de “coaliciones dinámicas” autoorganizadas, entre las cuales se encuentra la Coalición dinámica sobre derechos y principios de internet. Este grupo se formó a raíz del tercer encuentro del FGI que tuvo lugar en Hyderabad, India, en diciembre de 2008, a partir de la fusión entre las ex coaliciones dinámicas Framework of Principles for the Internet (Marco de principios para internet) e Internet Bill of Rights. Una de sus actividades actuales consiste en revisar la Carta de derechos en internet, de APC, que fue revisada por última vez en 2006.[17]

Otra institución nueva en este scenario, aunque su composición es menos multisectorial ya que carece de miembros del gobierno, es la Global Network Initiative (GNI).[18] La GNI, que incluye a Microsoft, Google y Yahoo del sector privado, junto con grupos de la sociedad civil como Electronic Frontiers Foundation (Fundación fronteras electrónicas, EFF) y el Center for Democracy and Technology (Centro para la democracia y la tecnología - CDT), publicó una serie de Principios sobre la libertad de expresión y la privacidad, en octubre de 2008. Estos principios apuntan a delinear el grado de cooperación esperable entre el sector privado y los gobiernos que buscan su ayuda para interferir con la libertad de expresión y la privacidad de sus clientes/as.

Conclusión

En este informe, solo hemos podido delinear el perfil general del marco institucional para acceder a la información y el conocimiento. Este capítulo ni siquiera se propuso considerer el acceso a materiales impresos (lo que es muy importante para garantizar un acceso adecuado a los materials educativos, sobre todo en el mundo en desarrollo). Tampoco se tuvieron en cuenta las actividades de las organizaciones no gubernamentales regionales y locales, o las de los gobiernos nacionales – aunque muchas de éstas quedarán cubiertas en los informes nacionales que figuran más adelante en este volumen.

A pesar de todo, está claro que han surgido iniciativas en esta área desde todos los sectores: público, privado y la sociedad civil. Dentro de cada una de las tres grandes áreas temáticas consideradas en este informe – que se pueden resumir como derechos de propiedad intelectual, medios públicos democráticos y derechos civiles en línea -, los interesados de todos los sectores formaron alianzas productivas y empezaron a tener ganancias que no se habrían conseguido de funcionar aislados. Por ejemplo, la sociedad civil trabajó con los gobiernos para apoyar la agenda de desarrollo de la OMPI y con el sector privado para promover los derechos civiles en línea dentro de GNI.

Lo que falta son esfuerzos para obtener logros similares a partir de la colaboración de instituciones y otros actores entre estas grandes áreas temáticas. Por ahora, se han coordinado pocos compromisos entre, por ejemplo, OMPI y UNESCO (incluso dentro de un foro como el FGI, creado para profundizar esos vínculos), o entre grupos de derechos humanos y la comunidad de software libre. Para tener un enfoque amplio del estrechamiento de la brecha digital mediante el uso de TIC, los interesados deberán desarrollar una vision holística compartida de las areas temáticas que constituyen este campo, como elementos complementarios de un marco para la promoción del acceso al conocimiento y la información para todos y todas.

Referencias

Campaña CRIS (2005) Assessing Communications Rights: A Handbook. www.crisinfo.org/pdf/ggpen.pdf 
Hugenholtz, P. y Okediji, R. (2008) Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright. www.soros.org/initiatives/information/articles_publications/publications...
Kapczynski, A. (2008) La nueva política de la propiedad intelectual, Yale Law Journal, 117, p. 804-885. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323525 
Malcolm, J. (2008) Multi-Stakeholder Governance and the Internet Governance Forum, Terminus Press, Perth.

[11] books.google.com

[13] unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf

[15] wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1377737&Site=CM

[17] rights.apc.org/charter.shtml

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